Wednesday, March 26, 2014

¿Bien para quién? Descarados


Bien para todos?

En un sistema democrático por lo regular no se regala mucho. El éxito de una democracia radica en el hacer accesible a la mayor cantidad de ciudadanos posible la oportunidad de tener éxito en sus proyectos personales.

El pueblo cubano ha vivido durante los últimos 55 años un sistema de partido único y actualmente una gran cantidad de ciudadanos cubanos viven en la total pobreza, caracterizada por falta de alimentos, pésimas condiciones de vivienda, escaso transporte y otras carencias personales, incluso de los preciados artículos de aseo personal, los que son básicos en un clima tropical.

En la clausura del último congreso de trabajadores el secretario del partido comunista dijo textualmente que no se pueden subir los salarios porque para distribuir riqueza primero hay que crearla. Es decir, en 55 años no han sido capaces de producir riqueza a pesar de acumular millones de dólares en deuda con casi todo el mundo. La economía del país está en bancarrota y ya casi no tienen de donde sacar.

Es en ese marco que se ha convocado para el sábado 29 de marzo una reunión extraordinaria de la asamblea del Poder Popular para aprobar una nueva Ley de Inversiones Extranjera en la isla.

Las bases de esta legislación son falsas. El ciudadano cubano de a pie no tiene acceso a crear corporaciones, empresas privadas, y su trabajo por cuenta propia esta duramente grabado para que no pueda enriquecerse. Por otro lado, el gobierno busca recursos externos para sostenerse en el poder.

El problema de la inversión extranjera tiene un fuerte problema de credibilidad. Aprobaran leyes para garantizar la no expropiación y respeto al capital invertido, pero similares leyes existían en 1959 y las propiedad fueron expropiadas y aún no se han compensado  a sus legítimos dueños por el despojo al que fueron sometidos. En fechas recientes varios extranjeros han sido expropiados de sus inversiones, algunos han muerto o están en la cárcel, y el estado se ha adueñado de sus propiedades.

La legislación plantea que las  inversiones, por ejemplo, no podrán ser expropiadas, salvo motivos de utilidad pública o interés social previamente declarados por el Consejo de Ministros. Ahí está el detalle, el consejo de ministros, todos del partido comunista, aprueban lo que dicte su secretario general (No olvidemos que se trata de una dictadura)

Sobre las modalidades de inversión extranjera que se aplicarán, aclararon que el Proyecto de Ley propone que sean realizadas en calidad de empresa mixta, contrato de asociación económica internacional o empresa de capital totalmente extranjero. El socio nacional siempre tiene que ser el estado cubano o una empresa que le pertenezca.

Los «contratos de asociación económica internacional» clasificarían en las modalidades de contratos a riesgo para la exploración de recursos naturales no renovables, la construcción, producción agrícola, administración hotelera, producción o servicios y para los contratos de prestación de servicios profesionales.

En cuanto a  los trabajadores que laboren en estas actividades serán, por lo general, cubanos o extranjeros residentes permanentes en Cuba, mientras que las personas no residentes permanentes que se contraten estarían sujetas a las disposiciones de inmigración y extranjería vigentes.( Sólo los que ellos autoricen pueden entrar en el juego)

También se propondrá a los parlamentarios que el personal cubano o extranjero residente permanente en el archipiélago que preste servicios en las empresas mixtas, sea contratado por una entidad empleadora propuesta por el Mincex y autorizado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es decir, el trabajador cubano seguirá esclavizado por el estado.

 Proyecto sometido a consideración de los legisladores prevé para los inversionistas foráneos un régimen especial de tributación que es realmente ventajoso, mientras que la los cuentapropistas nacionales que tanto hacen para sobrevivir son exprimidos hasta el último centavo.

Por ejemplo,  se propone la exención del pago del impuesto sobre los ingresos personales a los inversionistas extranjeros socios en empresas mixtas, o partes en contratos de asociación económica internacional, por los ingresos obtenidos a partir de los dividendos o beneficios del negocio.

También se les aplicaría a estos y a los inversionistas nacionales (que siempre serán personas jurídicas, dentro de lo que se incluye a las cooperativas —al parecer tanto agropecuarias como no agropecuarias) un tipo impositivo del 15 por ciento sobre la utilidad neta imponible. Es decir, los privilegiados funcionarios que utilizaran el dinero del pueblo se enriquecerán legalmente.

Se eximiría del pago de impuesto sobre utilidades a las empresas mixtas y partes en los contratos de asociación económica, por un período de ocho años a partir de su constitución —y el Consejo de Ministros podrá extender el período—, entre otros beneficios sobre el tema.

No obstante, según consta en el proyecto facilitado a la prensa, cuando «concurra la explotación de recursos naturales, renovables o no, puede aumentarse el tipo impositivo sobre utilidades, por decisión del Consejo de Ministros. En este caso puede elevarse hasta un 50 por ciento».

Las empresas mixtas y los inversionistas nacionales y extranjeros partes en contratos de asociación económica internacional, o las empresas mixtas, también podrían ser beneficiadas con bonificaciones de hasta el 50 por ciento en varios impuestos, según sea el caso.

No podría aspirarse  nada diferente. Esta ley es un bochorno y poco aportará al pueblo de Cuba. Es inmoral que unas empresas que se benefician con las ventajas de la libre empresa, acepten invertir en un país donde se aplasta al ciudadano común.
Estela Teresita Delgado

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